ordenan decomisar $685 mil millones en bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dictó una resolución histórica: ordenó el decomiso de bienes por un valor actualizado de $684.990 millones en el marco de la Causa Vialidad, que investigó la administración fraudulenta de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La medida, firmada este 18 de noviembre, alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, a Báez, a ex funcionarios de Vialidad Nacional y a varias empresas constructoras involucradas.

La sentencia original —que quedó firme el 10 de junio de 2025— había fijado un monto muy inferior: $84.835 millones. Sin embargo, tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, el tribunal dispuso actualizar la cifra hasta el valor actual.

Ante la intimación judicial, ninguno de los condenados cumplió con el pago, lo que derivó en la orden de avanzar con la incautación de los activos.

La resolución abarca propiedades y recursos pertenecientes a las principales empresas del holding de Báez: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL.

También se incluyen bienes a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, señalados por la Justicia como receptores de activos vinculados al perjuicio contra el Estado.

En caso de que estos bienes no alcancen a cubrir la suma total, se continuará con la realización de propiedades pertenecientes a los ex funcionarios Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

Las defensas de los condenados pidieron rechazar el decomiso alegando falta de pruebas suficientes, ausencia de relación directa entre los bienes y el delito, e incluso cuestionaron la inclusión de propiedades adquiridas antes del inicio de los cargos públicos o sobreseídas en otras causas.

El tribunal, sin embargo, consideró que la sentencia firme acreditó un beneficio económico sistemático para Báez y la familia Kirchner mediante un esquema de adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz.

La decisión se apoya en la legislación argentina y en tratados como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos obtenidos ilícitamente.

El decomiso alcanza tanto bienes directos como aquellos transformados, mezclados o sustituidos con fondos de origen lícito, siempre que exista una vinculación temporal y razonable con los hechos investigados.

La Justicia ordenó registrar los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados y dio intervención a la Corte Suprema, que deberá definir el destino final de los activos, con prioridad en la reparación del daño al Estado y a la sociedad.

La Fiscalía mantiene la facultad de seguir detectando nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia.